Retratando la violencia se vive con amenazas

 

Desde la tarde del 2 de mayo de 2012, los fotoperiodistas Gabriel Huge y Guillermo Luna habían sido reportados por sus familiares como desaparecidos. Guillermo era trabajador de la agencia de Noticias Veracruznews mientras que Gabriel era reportero independiente; sus compañeros notaron su ausencia desde que no llegaron a cubrir una nota sobre un accidente vial.
Al medio día del 3 de mayo (Día Mundial de la Libertad de Prensa) la Procuraduría del Estado de Veracruz confirmaría que sus cuerpos junto con el del fotoperiodista Esteban Rodríguez e Irasema Becerra, trabajadora administrativa del Diario El Dictamen, habrían sido hallados en bolsas negras abandonados en el canal de La Zamorana, ubicado atrás de una planta de tratamiento de aguas negras, en el municipio de Boca de Río, Veracruz.
Su asesinato ocurrió cinco días después del de Regina Martínez (28 de abril de 2012) y dentro de un contexto de total inseguridad para el ejercicio periodístico Veracruz. En el 2011, tras el asesinato de Yolanda Ordaz y la divulgación del gobierno de Veracruz sobre la supuesta relación entre periodistas y el crimen organizado, los tres fotorreporteros como otros periodistas abandonaron el estado.
Gabriel, Esteban y Guillermo trabajaron durante años en la fuente policiaca y tanto Hugue como Luna fueron compañeros en el diario Notiver de Miguel Angel López Velasco y su hijo Misael López Solana, asesinados el 20 de junio de 2011. Esteban trabajó hasta agosto del 2011 como fotógrafo y reportero del diario AZ, a su regreso a Veracruz, decidió alejarse de los medios de comunicación y entró a trabajar a un taller mecánico.

La Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, puso a cargo a diez especialistas para esclarecer el asesinato de los fotorreporteros. En palabras de la fiscal Laura Borbolla la investigación se realizaría “sin apatía”.
En agosto de 2012 la Procuraduría del Estado de Veracruz, a través de un comunicado dio por esclarecidos los homicidios de los tres fotógrafos, y de Irisema, así como el del periodista Víctor Manuel Bez Chino, asesinado el 14 de junio de 2012, y de 36 crímenes ocurridos en el estado durante ese año; todo esto como resultado de la detención de miembros de un grupo criminal realizada 8 de agosto.
El Gobierno de Veracruz atribuyó la confesión de los homicidios a un grupo de personas sin que previamente se les dictara auto de formal prisión. El procurador estatal Amadeo Flores Espinosa puntualizó que el motivo del asesinato fue en venganzaza por la supuesta relación de estos reporteros “como causantes de la muerte de otros periodistas asesinados por una banda rival”.
Esta no era la primera vez que el gobierno de Veracruz criminalizaba sin ofrecer ninguna prueba obtenida de una investigación seria y exhaustiva, a un periodista. En el asesinato de Yolanda Ordaz, quien llevaba más de 20 años de carrera, el entonces procurador Reynaldo Escobar afirmó que su homicidio fue por vínculos con el crimen organizado, desechando sin previa investigación su labor periodístico. Durante la conferencia de prensa puntualizó: “Se investigan las versiones que señalan la presunta relación de comunicadores con la delincuencia organizada, lo que los coloca en una situación sumamente vulnerable, de peligro y riesgo personal y familiar”.
Hoy, a un año del asesinato de Gabriel, Guillermo, Esteban e Irasema, el acceso a la justicia sigue siendo un tema pendiente, como el 98% de las agresiones contra la prensa en México.
En los últimos años, los periodistas audiovisuales se han vuelto mayormente vulnerables, puesto que se encuentran en la primera línea y en muchos casos son quienes reciben la primera agresión. Mientras que la violencia obligó al periodismo escrito a buscar otras formas de cubrir hechos relacionados con la violencia; la prensa gráfica sigue en el constante debate de hacer cobertura segura sin cruzarse con su agresor, puesto que su razón de ser radica en estar en lugar de los hechos.
Diez de los 73 periodistas asesinados en México, del 2000 a la fecha, son reporteros gráficos y uno más se encuentra desaparecido. Del 2009 al 2013 ARTICLE 19 documentó 150 agresiones contra periodistas audiovisuales; de éstas 55 ocurrieron el año pasado y del total 86 fueron por parte de fuerzas de seguridad pública, mientras que 12 son presumiblemente relacionadas a delincuencia organizada.
En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de “reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática”.

Para la UNESCO, esta celebración es la ocasión para informar a los ciudadanos acerca de las violaciones a la libertad de prensa, así como recordarles que en decenas de países alrededor del mundo las publicaciones son censuradas, algunas multadas, suspendidas o anuladas, mientras que periodistas, editores y publicadores son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados.
Aunque en México la libertad de prensa está reconocida en los artículos 6 y 7 constitucionales, no hay mayor reconocimiento por parte del Estado que el cumplimiento de garantías para ejercer la libertad de expresión, así como la prevención e investigación de las agresiones que coarten este derecho: “Es obligación del Estado sancionar a los agresores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada” Principio 9 de Los principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana
La libertad de prensa en México podrá celebrarse cuando existan condiciones para ejercerla y las autoridades persigan efectivamente los delitos contra la libertad de expresión.

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